Esta propuesta, impulsada por la diputada Nathalie Castillo, tiene como objetivo rebajar los recargos en las tarifas eléctricas durante el horario punta y el límite de invierno.
El acceso a servicios esenciales, como el agua potable y el saneamiento, es un derecho fundamental para todas las comunidades. Los comités de agua potable rural (APR) desempeñan un papel vital al proporcionar estos servicios a áreas rurales, donde a menudo no hay otras opciones disponibles. Sin embargo, la prestación de servicios sanitarios rurales se enfrenta a un desafío crucial relacionado con las tarifas eléctricas.
La diputada Nathalie Castillo, autora del proyecto de ley boletín 16051, ha expresado su compromiso con la causa de abordar este problema. La propuesta, que busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos, se centra en reducir el cobro por recargo de la tarifa eléctrica durante los horarios punta y la temporada invernal.
Realidad de los Servicios Sanitarios Rurales: Desafíos Energéticos y Soluciones
Las entidades que operan los servicios sanitarios rurales, ya sea en forma de comités o cooperativas, son consideradas clientes regulados en términos de consumo de energía eléctrica. Esto significa que deben pagar tarifas específicas por el suministro eléctrico que utilizan para brindar servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales.
Sin embargo, este sistema de tarifas eléctricas ha estado ejerciendo una presión significativa sobre los comités de APR y, en última instancia, sobre las comunidades rurales que atienden. El aumento de las tarifas eléctricas durante los períodos de alta demanda y la temporada de invierno ha llevado a un aumento en los costos operativos de estos comités y cooperativas, afectando su situación financiera y, por ende, su capacidad para proporcionar servicios de calidad a los vecinos y vecinas de las comunidades rurales.
Objetivo Principal de este Proyecto
El proyecto de ley busca aliviar esta carga financiera, garantizando que las tarifas eléctricas sean más justas y asequibles para los servicios sanitarios rurales. Esto es especialmente crucial, dado que estas organizaciones comunitarias rurales no tienen fines de lucro y reinvierten cualquier excedente en mejoras en infraestructura y condiciones laborales para su personal, en lugar de generar ingresos para sí mismas.
La discusión de este proyecto de ley subraya la importancia de abordar las desigualdades energéticas en las áreas rurales de Chile y asegurar que todas las comunidades tengan acceso a servicios esenciales de calidad.–
